Cuéntanos de
En el Cesar mujer campesina y opositor fueron reparados de manera efectiva
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena resolvió la solicitud de restitución de tierras presentada conforme a la Ley 1448 de 2011, a favor de mujer cabeza de hogar en el municipio de La Jagua de Ibirico, perteneciente al departamento del Cesar.
En medio del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia de COVID-19, Amelia Rosa Angarita recibió una grata noticia, la justicia reconoció su derecho constitucional a la restitución de tierras del predio que debió abandonar por causa de hechos violentos en el 2002.
A pesar de que han transcurrido 18 años de desplazamiento forzado, hoy la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, pudo representar a esta humilde mujer para que recuperara las tierras que le fueron arrebatadas por los grupos armados ilegales hace más de una década. Doña Amelia realizó su solicitud en el año 2016, quedando en ese mismo periodo incluida en el registro de tierras en calidad de propietaria.
La mujer, cabeza de hogar, es víctima de la violencia en el marco de hechos ocurridos en la zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico el 20 de julio de 2002 que la obligaron a desplazarse. Posteriormente, el compañero sentimental de Amelia murió, a causa de la violencia, el 18 de agosto de 2013, sin haber podido regresar a la parcela que le perteneció por muchos años.
Según el Centro de Memoria Histórica, los paramilitares entraron en el territorio a través del Bloque Norte de las Autodefensas bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quienes cometieron un sinnúmero de delitos en la zona, causando terror entre la población civil mediante masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas.
En atención a las condiciones especiales de vulnerabilidad e indefensión de una mujer campesina solicitante de tierras, el Tribunal Superior de Cartagena, se pronunció reconociéndole su derecho a retornar al predio Villa Lucía, ubicado en la vereda Caudaloso. Por su parte, el opositor fue reconocido como vulnerable en el marco del caso y se determinará la atención que se le va a dar por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la URT.
Este fallo también permitió que la víctima pudiera recobrar 24 hectáreas con 9.000 metros. Una vez se levanten las medidas relacionadas con la cuarentena la entidad realizará la gestión para la implementación de los beneficios estipulados dentro de las medidas de atención integral estipuladas en la Ley 1448 de 2011.
Entre los beneficios que recibirá la víctima están la asignación de un proyecto productivo que le permitirá estabilizarse socioeconómicamente en el tema de ganadería y agricultura. Asimismo, será favorecida con los alivios de pasivos que pudieran estar afectados el predio que hoy es restituido, por lo que este podrá sanearse financieramente.
Dentro de las medidas complementarias se ordena la condonación y exoneración del impuesto predial, causado a partir de la fecha del abandono forzado; vinculación a las mujeres del núcleo familiar al programa de Mujer Rural; vivienda rural, salud y educación; y acompañamiento en el retorno, como parte de la atención integral otorgada a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV).
“Con estas nuevas sentencias la Unidad ve materializada la aplicación de la política de restitución de tierras, en el que nos comprometemos y al mismo tiempo estamos cumpliendo para solucionar las solicitudes pendientes en la Territorial”, señaló Claudia Mireya Manotas Mejía, Directora Cesar-Guajira.
