Polémica por requerimiento de la CRC a medios: advierten riesgo de extralimitación regulatoria

• Aunque la entidad invoca normas de inspección y vigilancia, juristas y periodistas cuestionan que el requerimiento podría rozar la censura indirecta, al exigir documentos internos que pertenecen al ámbito exclusivo de la autorregulación periodística.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) envió un oficio a diversos medios audiovisuales en el que solicita copias de sus manuales editoriales, guías de estilo y protocolos de independencia informativa. El requerimiento, de carácter administrativo, busca verificar el cumplimiento del artículo 10 de la Ley 680 de 2001, que prohíbe incluir publicidad o televentas dentro de los noticieros, y de las disposiciones de la Ley 1341 de 2009 sobre responsabilidad de los operadores del servicio de televisión.

En la comunicación, la entidad pidió a los canales detallar los mecanismos internos que garanticen objetividad y separación entre información y publicidad, así como evidencias de capacitación y seguimiento de esas políticas. Aunque la CRC aclaró que se trata de un ejercicio de control, el documento desató una controversia inmediata entre periodistas y especialistas en libertad de prensa.

Julio Sánchez Cristo, reconocido periodista, calificó el oficio como “lo más parecido a la censura”, al advertir que una autoridad administrativa no puede solicitar información sobre las decisiones editoriales internas de los medios. Su comentario, ampliamente replicado en redes sociales, reflejó la preocupación de varios sectores del periodismo por la posible afectación de la autonomía informativa.

Desde el punto de vista jurídico, la Corte Constitucional ha establecido límites precisos a la intervención estatal en asuntos de prensa. El alto tribunal determinó en variada jurisprudencia que las autoridades solo pueden ejercer vigilancia técnica sobre la concesión del espectro, pero no indagar sobre la orientación o estructura editorial de los contenidos.

Para expertos en derecho de la comunicación, el requerimiento de la CRC puede interpretarse como una extralimitación funcional, ya que las leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019 no le otorgan competencia para fiscalizar la ética o la línea informativa de los medios, en ese sentido, señalan que solicitar manuales o reglamentos internos, aunque bajo la figura de verificación, implica acceder a información reservada del proceso periodístico y genera un efecto inhibitorio en las salas de redacción.

Así las cosas, varios internautas han puesto de presente que, en términos constitucionales, el documento no constituye censura formal, pero sí atenta contra el principio de autorregulación reconocido por la Corte y por los estándares interamericanos, el cual garantiza que las decisiones sobre contenidos periodísticos recaigan exclusivamente en los medios y no en entidades estatales.

La polémica abre un debate sobre el equilibrio entre transparencia informativa y autonomía periodística, en un contexto donde la regulación técnica no puede confundirse con la supervisión de la libertad de expresión.