Al iniciar este año, el presidente Iván Duque, prorrogo por 10 años más, la Ley de víctimas y restitución de tierras expedida en 2011, la cual trabajamos hace unos años y del cual obtuvimos la publicación del libro “Anotaciones Históricas a la Ley de restitución de tierras”, por lo que queremos compartir con ustedes, la introducción escrita por el abogado y docente Xavier Diez de Urdanivia, quién nos acompañó en esta publicación.
Introducción
La entrañable vinculación del ser humano y la tierra tiene raíces que trascienden los limitados linderos del interés económico, para insertarse en un plano casi ritual. Tanto es así en la antigüedad greco-latina, en cuya mitología era la madre de los dioses, como ente las culturas que originalmente habitaron el sur de América, donde la “Pacha Mama” continúa siendo invocada con reverencia. Es esa una relación cargada de un simbolismo profundo, de un sentido de pertenencia recíproca tan intenso, que ni los muchos siglos de pragmatismo mercantilista han logrado destruir.
Por eso, si bien se miran las cosas, la tierra y su tenencia -como bien apuntan Cristina Díaz y Ada López Bayona- ha sido la fuente verdadera, en el fondo, de la gran mayoría de los conflictos -sino es que de todos- en los que se han embarcado las naciones del mundo, no nada más las de nuestras latitudes iberoamericanas, sean ellos bélicos o no.
¿De qué otra cosa se trató, si no, el expansivo afán imperial de la antigua Roma? ¿De qué, más tarde, la interminable serie de guerras europeas de todos los tiempos y las dos guerras llamadas mundiales del siglo XX?
Con ser graves todos los anteriores, resulta más lacerante la derivación de las ambiciones territoriales en otros que han sido fratricidas, especialmente en los países de América en los que persiste, todavía, la injusta e inaceptable disparidad entre los sectores de la población que han logrado avanzar a la par del progreso científico y tecnológico, de un lado, y de aquellos -los más, infortunadamente- que permanecen atados a una economía de “la primera ola”, según la llamara Alvin Toffler, y para peor, sin poseer ya la tierra que una vez fue suya.
El tema es extenso y el desafío que abordarlo representa no es menor. Requiere de armarse de una determinación a toda prueba, de un bien disciplinado intelecto aplicado a investigar el problema y de claridad analítica suficiente para repensar el problema de modo que, a partir de una crítica bien construida, se llegue a la capacidad de replantearlo de modo tal que resulte una oferta de soluciones viables para ese problema que suele ser ancestral, aunque cambie de piel según cambie la época en que se manifieste.
Por las condiciones especialmente agudas que ha tenido que atravesar Colombia en las últimas décadas, el problema de la tenencia de la tierra y particularmente los aspectos conexos con la restitución de tierras a quienes fueron privados de ella por la guerrilla, no sólo es emblemático, sino que plantea muy espinosos problemas, que al ser atacados sin una estrategia que honre a cabalidad la justificación intrínseca del llamado “Estado Social de Derecho” -modelo no siempre nítidamente caracterizado y a menudo fuente de equívocos y confusiones- corren el riesgo de verse agravados frente a desenlaces demagógicamente populistas, económicamente contraproducentes, y para más, injustas.
Así lo reconocen y exponen con valentía las autoras al exponer que
“El conflicto armado, el narcotráfico, la ilegalidad y la riqueza de los recursos naturales, hicieron que la apropiación de la tierra tuviera fundamentos estratégicos. El desplazamiento y el despojo de tierras son las consecuencias más evidentes, pero el factor fundamental que permitió esta perversión, fue la ilegalidad paulatinamente incrustada dentro de los poderes del estado que va en contravía de la función social del Estado Social de Derecho.”
Ellas ponen en el centro de su estudio el caso colombiano, pero es necesario decir que no es sólo en ese entrañable país que el problema se manifiesta en esencia. Al decir que “A lo largo de la historia de Colombia las fortunas territoriales han sido el centro del poder, del prestigio social y de la riqueza”, así como que “en este sentido, la tierra ha estado en el núcleo de los conflictos económicos y políticos y la captura del poder tiene mucha relación con la acumulación de tierras” y que “la columna vertebral del tema agrario en Colombia es la disputa por la tierra, un problema en el que inciden fuerzas sociales, económicas y políticas resultado directo de la configuración histórica de nuestra sociedad”, sin proponérselo hacen referencia también a una realidad iberoamericana ineludible y recurrentemente presente en todos los países de nuestro continente, incluso en aquellos con orígenes distintos del que tenemos los que hemos sido denominados por el nuevo colonialismo estadounidense como “latinoamericanos”.
Incluso, he de decir que, sobre todo al referirse a los nuevos actores en la escena y a la importancia de su papel, por un lado, y por el otro a la incapacidad del Estado para enfrentar con éxito aspectos fundamentales de su cometido esencial, no hacen sino reflejar las características más relevantes de una realidad política global que se caracteriza por el desplazamiento del poder hacia nuevos centros que, sobre todo desde las redes corporativas y financieras, lo detentan.
Pero el énfasis del libro es, por definición, colombiano y por eso, con un instrumental de bien documentada información, inteligentemente procesada, la obra sigue su bien estructurado plan y, partiendo de la historia de la tierra y los propietarios en Colombia -en el marco de la reforma agraria en ese país- y de una muy necesaria precisión conceptual al concepto de “Estado Social de Derecho”, analiza el problema actual de la tenencia de la tierra – específicamente el relativo a la restitución de tierras- a la luz de su contraste con los derechos fundamentales involucrados en él.
Pero también tienen presente la generalidad del problema, reconociendo sus modos particulares de manifestarse según las circunstancias de tiempo y lugar. Así queda claro cuando se lee en su libro que
“El éxito de las reformas depende de su profundidad y de los propósitos políticos. Aunque difieren según sean los países, tienen rasgos comunes: redistribuyen las tierras bajo supervisión del Estado; su contenido y profundidad están determinados por el impulso y la presión del Estado o de los campesinos; van acompañadas de medidas adicionales en educación, salud, provisión de vivienda y de políticas integrales de fomento a la producción y la comercialización; liberan recursos productivos y amplían el mercado interno.”
Llama la atención, y mueve a la preocupación el hecho de que, quienes más afectados para mal por la situación sigan siendo, como en todos nuestros países, quienes más vulnerables son: los campesinos, y entre ellos, todavía más las mujeres y los jóvenes, especialmente entre las comunidades de afrodescendientes, todos ellos sectores de la población que, no hay que abundar mucho, por su propia condición de marginación deberían ser objeto de atención especial, lo que no ocurre según datos recabados por las autoras del libro, y ello, lo que es más lamentable, porque hay según ellas mismas un abandono inexcusable de quien, por un deber primario, debiera revertir, primero, esa condición de marginación, y tomar las medidas necesarias, después, para evitar que vuelva a producirse en el futuro. Todo ello agravado por el conflicto armado y el desplazamiento forzado y dominio territorial de los actores en él y su vinculación con el negocio de los cultivos ilícitos.
El libro tiene vena y es a la vez una denuncia valiente y propositiva frente a uno de los problemas torales de la sociedad colombiana, como queda de manifiesto con una sola mirada a las conclusiones que arroja. En ellas, con ser todas relevantes, es de destacarse, a mi juicio, la referente a su propuesta de solución al problema, en destacado resalé su tajante diagnostico prospectivo cuando sentencian:
“Esta es la muestra de que la ley no hace milagros, ni crea realidades en sociedades que no estén dispuestas a cumplirlas. Colombia y sus legisladores esperan que por una ley el Estado tenga el monopolio de la fuerza y la legitimidad en un territorio en el que aún no se ejerce la soberanía territorial. El Estado debe tener el control territorial, y tener la capacidad de garantizar la seguridad, un sistema judicial capacitado institucional y con la infraestructura (sistemas de información, número de jueces, procesos, etc.) para las dimensiones de este problema, o lograr consensos amplios con grupos sociales donde se permita que la restitución sea grupal.”
Debe, además y tal cual con tino señalan las autoras, tener una idea precisa y confiable de la magnitud del problema, empezando por saber cuántos son en realidad los afectados y a cuántas personas se debe restituir la tierra, para anular las diferencias profundas de información manejada por el Gobierno, las ONG y las organizaciones internacionales sobre este particular aspecto, a lo que yo me permitiría añadidura no basta el “cuantos”, sino que todavía se necesita conocer el “quienes”, para poder ser efectivas las medidas correctivas y preventivas que se requieren.
En suma, lo que resulta imprescindible para aportar vías efectivas de solución a tan complejo conflicto es diseñar y ejecutar políticas públicas -o mejor, lo que se suele llamar “espacio de políticas públicas”- que sean congruentes, se basen en flujos de información confiable, veraz y oportuna, en tanto que en todo el tramo deben participar los actores involucrados, incluso en la imprescindible labor de evaluar cada paso y todo el proceso, actividad de la que no puede prescindirse en parte alguna de él.
No sería propio extenderse más, aunque debo añadir que, cuando las autoras del libro que tiene usted ahora en sus manos y cuya lectura está por emprender, me invitaron a escribir esta introducción, no sólo me sentí inmerecidamente honrado, sino que me dispuse a emprender un ejercicio que se antojaba -como a la postre fue- tan fascinante como edificante y formativo.
Conocía ya el trabajo de Cristina Díaz -con quien he tenido incluso oportunidad, en coautoria también con Carmen Galván, de participar en un estudio sobre los derechos humanos en la educación jurídica- por lo que no me sorprenden su rigor académico y su tesón como investigadora apasionada de la historia de su país y también de los derechos fundamentales, materias que se conjugan naturalmente en esta documentada obra.
En cambio, no había tenido oportunidad de entrar en contacto con obra alguna de Ada López Bayona, pero después de haberme introducido en este ejercicio conjuntó que realizo con Cristina Díaz, he constatado que la conjunción de ambas autoras denota la integración de un equipo que mucho promete en el terreno de las aportaciones al saber humanístico en general y al jurídico en particular.
Así lo acreditan con este libro que está llamado a ser de consulta obligada para quienes tengan interés en el tema, o deban tenerlo en función de sus responsabilidades oficiales o sociales. En todo caso, puedo afirmar, con conocimiento de causa, que quienes se aventuren en la lectura de él, lo encontrarán fascinante y muy ilustrativo.
Auguro a las autoras el mayor de los éxitos y a usted, lector, un recorrido intelectual del que no se arrepentirá.
Xavier Díez de Urdanivia.
Saltillo, Coahuila, México.
