Política
Cabal pide a la Comisión de Acusaciones acceso al expediente de “El Pollo” Carvajal para esclarecer presunta financiación a Petro
- Ante las graves denuncias sobre presunta injerencia del régimen venezolano en la política colombiana, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal solicitó que se gestione el acceso al expediente judicial de Hugo “El Pollo” Carvajal en Estados Unidos, para esclarecer si existen pruebas que comprometan al presidente Gustavo Petro en una financiación ilegal proveniente del Cartel de los Soles.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal solicitó formalmente a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes que, a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, se requiera a las autoridades judiciales de los Estados Unidos el expediente judicial de Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia del régimen chavista.
El objetivo de la petición es conocer las presuntas pruebas que vincularían al presidente Gustavo Petro con una financiación ilegal proveniente del régimen venezolano, a través del Cartel de los Soles y PDVSA, tal como lo han señalado medios internacionales y declaraciones del propio Carvajal ante autoridades de España y Estados Unidos.
“Esto debe conocerse y haber justicia. Petro no se puede burlar más de los colombianos”, afirmó la senadora Cabal.
La solicitud se basa en las declaraciones de “El Pollo” Carvajal, quien reconoció haber participado en operaciones de narcotráfico y aseguró que el chavismo habría financiado campañas políticas de izquierda en América Latina, mencionando expresamente a Gustavo Petro Urrego.
Diversos medios —como Infobae, La Silla Vacía, El Meridiano y La FM— han publicado fragmentos de estas declaraciones, que refuerzan la necesidad de que las instituciones colombianas actúen con celeridad para establecer la verdad y proteger la soberanía del país.
La senadora Cabal enfatizó que esta solicitud se presenta en defensa del Estado de Derecho y los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política de Colombia, para evitar que la justicia internacional conozca más sobre este caso que las propias autoridades nacionales.
