Sentencia de la JEP contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía reabre debate sobre el sentido de la justicia transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a quedar en el centro del debate nacional tras anunciar su Primera Sentencia Adversarial Transicional, una decisión que ha generado fuertes reacciones políticas y ciudadanas sobre los límites, el equilibrio y la legitimidad de la justicia en el posconflicto.

El fallo fue emitido por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y recae sobre el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien se desempeñó como comandante del Batallón La Popa y es señalado de responsabilidad en la muerte de 72 personas en hechos ocurridos entre 2002 y 2003, en zonas del norte del Cesar y el sur de La Guajira.

Según la JEP, los hechos se produjeron en el marco del conflicto armado y, al no haber reconocimiento de responsabilidad ni aportes a la verdad por parte del oficial retirado, corresponde la imposición de una sanción penal. No obstante, la decisión ha sido cuestionada por distintos sectores que consideran que la justicia transicional está aplicando un criterio desigual frente a los distintos actores del conflicto.

Una de las voces más críticas ha sido la de la senadora María Fernanda Cabal Molina, quien se pronunció a través de su cuenta en X defendiendo la inocencia del coronel Mejía y cuestionando el enfoque del tribunal. “El coronel Mejía es inocente y es un héroe sin igual. Su ‘pecado’ fue combatir y derrotar al terrorismo”, escribió la congresista, al advertir lo que considera una criminalización de oficiales que actuaron en cumplimiento de su deber constitucional durante uno de los periodos más violentos del país.

De acuerdo con testimonios y análisis difundidos recientemente en medios independientes, las operaciones adelantadas por el Batallón La Popa en esa región tenían como objetivo neutralizar estructuras de narcoterrorismo que ejercían control armado sobre comunidades enteras. Quienes defienden al coronel sostienen que actuó bajo órdenes legítimas, en un escenario de guerra irregular donde los grupos armados ilegales desdibujaban deliberadamente la distinción entre combatientes y población civil.

Las sentencia también ha reavivado un cuestionamiento recurrente: la proporcionalidad en el tratamiento judicial entre agentes del Estado y excomandantes de grupos guerrilleros. Para amplios sectores de la opinión pública, mientras la JEP avanza con condenas contra miembros de la Fuerza Pública, antiguos jefes insurgentes responsables de miles de asesinatos, secuestros, reclutamiento forzado y desplazamientos han accedido a beneficios jurídicos sin esclarecer completamente la verdad.

La controversia se amplificó luego de que Blu Radio informara que la JEP condenó al coronel en retiro a 20 años de prisión por los 72 casos de falsos positivos ocurridos durante su mando en el Batallón La Popa, con sede en Valledupar. En redes sociales, el usuario Agustín Agualongo reaccionó con un mensaje que sintetiza el malestar de parte de la ciudadanía: “¿El Ejército a la cárcel y la guerrilla al Congreso? La guerrilla con más de 18 mil casos contra los niños, miles de secuestros y miles de asesinatos. Que alguien me explique esa justicia, por favor”, escribió.

Analistas advierten que este tipo de decisiones podría sentar un precedente complejo para las Fuerzas Militares, al generar temor de actuar en contextos de alta amenaza ante la posibilidad de ser juzgados décadas después sin una valoración integral del contexto operativo y estratégico en el que se desarrollaron las acciones.

Mientras la JEP insiste en que su mandato es garantizar verdad, justicia y no repetición, el caso del coronel Mejía vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: si la justicia transicional está cumpliendo su propósito de reconciliación o si, por el contrario, está profundizando las fracturas al aplicar criterios que muchos consideran desbalanceados.
Como lo expresó la senadora Cabal, para sus críticos este proceso no solo compromete el futuro judicial de un oficial retirado, sino el reconocimiento histórico de quienes, desde las filas del Estado, enfrentaron a los grupos armados ilegales en medio de una guerra que marcó a toda una generación.