Actualmente, el 32 % de la población Colombiana es rural, mientras en las décadas de los 80 y 90 era superior al 37 %, lo que indica una significativa disminución de ese campesinado por tradición, que a pesar de ser la primera línea en víctimas de las consecuencias de los factores de violencia como: asesinatos, torturas, desplazamientos, abandono de su arraigo y del propio estado, que contribuyeron a empobrecer al sector, acabando con la gallina de los huevos de oro por siglos, y lo que es peor, con el relevo generacional, haciendo que nuestros hijos, que en el pasado se sentían orgullosos de ser campesinos, y estudiaban carreras afines, hoy, prefieran ser profesionales para un mercado laboral que no existe, y, que no están acordes con las actuales exigencias empresariales. Sin embargo, de manera empecinada y casi con estoicismo resiliente e histórico, ha respondido con creces, produciendo con toda, la comida requerida por las grandes ciudades para afrontar por más de un año las medidas restrictivas del coronavirus, siendo, por tanto, el único sector de la economía que no se ha paralizado, y ha hecho de paso, más amable ésta profunda crisis, muy a pesar de ser siempre la cenicienta del paseo.
No se compadece, ni se encuentra explicación alguna, que nuestros gobiernos se hayan hecho de la vista gorda siempre con el sector agropecuario, que ha crecido en un 7 %, generando ingresos y oportunidades de empleo, aùn así, que, la ganadería, se haya convertido en la actividad económica primaria, sin ser un verdadero factor de riqueza y un gran generador de empleo para los pequeños y medianos productores, más, por no tener vías terciarias en buen estado, que por una verdadera vocación y rentabilidad como negocio.
En la actualidad, no existen políticas públicas definidas, ni leyes que obliguen a los mandatarios de turno invertir los recursos del SGP, como normalmente se hace con los demás sectores sociales: Salud, Educación, Agua Potable, Cultura y Deporte, sino que lo han dejado a su discrecionalidad, además, como no permite engordar los bolsillos, ni devolver la financiación de las campañas, no lo hace atractivo ni hace parte de sus prioridades.
En la actualidad, los Municipios adolecen de convenios interadministrativos con el MADR como sucedió en la década de los 90, para el fortalecimiento de las Umatas, tampoco a los profesionales del sector agropecuario recién egresados , no se les otorgan créditos blandos entre 10 a 12 años, con 4 años muertos para la adquisición de fincas, y así, como verdaderos emprendedores vincularse a la producción Agropecuaria, y ser referentes regionales para el campesinado raso, y, permitan una extensión rural acorde con los paquetes tecnológicos de innovación y conectividad. Que nuestras fincas, al no ser objeto de un previo fortalecimiento empresarial, y al no generar empleos formales, no gozan de los mismos privilegios de las grandes Empresas juridicamente legalizadas, a pesar de ser el factor determinante de la soberanía alimentaria. Es preocupante, que el transporte de los productos agropecuarios sean objeto de sanciones por las básculas estrategicamente ubicadas en los carreteables de acceso a los mercados nacionales, por sobre pasar las 11 toneladas, nada comparable con el gran peso de las tractomulas, que sí son factores importantes de su deterioro.
Finalmente, ante este lúgubre panorama se hace urgente, que el Congreso de la República, y la institucionalidad nacional, incluyendo a las universidades y el Sena, se vuelquen al sector en procura de una nueva ruralidad, que esté de acuerdo con la globalización de la economía en momentos de crisis.
